Pablo Llarena, un magistrado burgalés-catalán para el ‘procés’

En ámbitos judiciales, crece la impresión de que el Tribunal Supremo va a asumir la investigación completa del procés catalán. Ahora el Supremo solo tiene la causa que ha abierto a Carme Forcadell y a otros miembros de la Mesa del Parlament, y que le ha tocado por reparto a Pablo Llarena, uno de los magistrados de la Sala Segunda del TS, pero puede reclamar en breve la abierta en la Audiencia Nacional por Carmen Lamela al entonces Govern, los Jordis y el exmajor Trapero y la que anteriormente se abrió en el TSJ de Cataluña.

Llarena es un juez conservador -fue presidente de 2013 a finales de 2015 de la Asociación Profesional de la Magistratura-, pero según cuentan quienes le conocen nada talibán. Nació en Burgos, en 1963, pero es casi tan catalán como castellano, pues ha vivido en Cataluña 24 años consecutivos, de 1992 a 2016: primero como juez de instrucción de Barcelona y después como magistrado de su Audiencia Provincial y presidente de esta durante cinco, hasta el año pasado. Y ha observado de cerca y desde hace tiempo todo el procés y parece que con algunas ideas bastante claras al respecto: en octubre de 2012, en declaraciones a El Mundo, decía alto y claro: “La cuestión concreta de la identidad catalana y de la integridad del Estado español no tiene una respuesta judicial sino política”.

Mañana jueves es una fecha clave. Llarena tomará declaración a Forcadell y al resto de sus encausados, a los que ya había citado para la semana pasada, pero a los que -contrariamente a lo que hizo Lamela con los suyos- les dio un plazo mayor para que prepararan su defensa. ¿Será también mañana el magistrado del Supremo más cuidadoso y les pondrá a sus encausados unas medidas cautelares menos duras que la prisión incondicional que la magistrada de la Audiencia Nacional impuso a los suyos? ¿Reclamará Llarena poco después para el Supremo la unificación de las distintas causas en una sola?

En casi ningún asunto -y especialmente en lo que tiene que ver con el procés catalán, tan cambiante- conviene adelantar acontecimientos, pero por ahí se abriría una vía para que el 21 de diciembre, día de las elecciones catalanas, sea de absoluta normalidad y no haya ningún candidato ni líder independentista en prisión. En el problema catalán, hay que depurar las responsabilidades judiciales en que se haya incurrido, claro que sí, pero ese no es el asunto de fondo que afrontamos. Es un problema político que hay que resolver -o al menos conllevar, como diría Ortega- desde la política.

 

 

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La primavera del empleo de Fátima Báñez era esto

Mientras todos miramos -con razón- al problema catalán, que cada día por la mañana mejora y por la tarde empeora, o viceversa, noticia caliente, de hace un par de horas: 56.844 parados registrados más en el mes de octubre, 1,7 millones de parados sin ninguna prestación pública, solo el 9,97% de los contratos firmados en el mes son indefinidos, sólo el 5,4% de los contratos firmados en octubre son indefinidos y de jornada completa… Y todo ello, según datos oficiales divulgados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Hace nada, hace apenas dos meses, pocos días después de que se divulgara que uno de cada 4 contratos firmados en julio duró menos de una semana y que el 12,5% de los contratos que se firman en España son de camarero, la ministra del ramo, Fátima Báñez, proclamaba a los cuatro vientos: “El empleo que llega con la recuperación es de mayor calidad del que se fue con la crisis”. Y añadía, pese a que ya estábamos en vísperas del otoño climático y laboral: “España vive una primavera del empleo”.

Esta misma mañana, Báñez se olvida de esos datos suyos del primer párrafo y se agarra a los de afiliación a la Seguridad Social, que sube en 137.152 cotizantes por los nuevos contratos -temporales- a profesores, para insistir en su aleluya y su autobombo.

Pues nada: ¡felicitaciones, ministra!

Ocho exconsellers en prisión a 49 días de las elecciones catalanas

“El auto de la juez -me dice un muy experimentado abogado penalista y atento observador político- le vale unos 300.000 votos al independentismo. Y cada semana que pase con estos en prisión, un 25% de votos más”.

Las por ahora ocho prisiones sin fianza para exmiembros del Govern van a tener, en efecto, un gran impacto en la opinión pública catalana, a solo siete semanas -49 días- de las elecciones autonómicas. Ni al Gobierno ni a los partidos constitucionalistas les conviene que el 21 de diciembre sigan en prisión.

Las prisiones preventivas se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Las dictadas hoy por la juez Carmen Lamela para el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers son recurribles -en reforma en el plazo de tres días y en apelación en el de cinco días- ante su propio Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional. Es altamente improbable que en ese corto plazo la magistrada cambie de opinión, y menos aún cuando el expresident Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers llamados a declarar por los mismos presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación no han comparecido ante la magistrada.

¿Y más adelante? ¿Podrían propiciarse las excarcelaciones para rebajar ese impacto electoral el 21-D? El fiscal, a sugerencia del Gobierno, podría pedir en unas semanas que se sustituyera la prisión incondicional por otras medidas cautelares menos duras, a las que nadie se opondría y la juez concedería. Nadie… si para entonces no se ha personado como acusación popular en la causa alguna de las asociaciones de extrema derecha especializadas en ello, que hay varias. Atentos a los próximos días.

El ‘procés’ está muerto, pero el independentismo más vivo que nunca

El procés está muerto. Los soberanistas le metieron un estrés política y jurídicamente insoportable, al empujarlo fuera de la ley a partir del 6 de septiembre, y Mariano Rajoy le dio la puntilla en la tarde noche del viernes pasado al aplicar el artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas catalanas para ya mismo, para el primer día que podía hacerlo: el 21 de diciembre. El independentismo, que pocas horas antes celebraba -sin creérselo mucho- la presunta llegada de la República catalana, quedó estupefacto y descolocado.

El procés está muerto y bien muerto en su vertiente política, y ahora solo le queda apurar las últimas escenas de su vertiente de representación, de farsa -la de Bélgica es difícilmente superable, pero Carles Puigdemont aún es capaz de superarse a sí mismo en esperpéntico-, y afrontar su vertiente judicial, que previsiblemente será larga y dejará muchos más políticos fuera de juego que la broma -comparada con el 1-0- del 9-N.

El procés está muerto, pero el problema catalán -ese del que el 13 de mayo de 1932, en las Cortes Generales de la República, Ortega y Gasset decía que es irresoluble, y que tanto Cataluña como el resto de España teníamos que acostumbrarnos a conllevarlo mutuamente- no sólo no se ha resuelto sino que incluso se ha agravado, y mucho. Cuando Rajoy llegó a la Moncloa, a finales de 2011, los catalanes independentistas no llegaban al 20% del total. Hoy, tras casi seis años de indolencia del presidente del Gobierno pese al hiperactivismo de los soberanistas, los catalanes partidarios de que Cataluña se convierta en un Estado independiente se acercan mucho al 50%: son el 48,7% , según el estudio del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) hecho público ayer, martes 31 de octubre de 2017. Nunca antes habían alcanzado esa cota. El independentismo está más vivo que nunca, y si el 21-D se confirman en las urnas esos datos del CEO el procés resucitará en forma de otro procés.

Quienes celebran con tanto alborozo el resultado final del choque de trenes, con el de Rajoy solo algo abollado por algunos de sus propios errores y el de Puigdemont reventado y fuera de la vía, sus vagones dispersos y sus maquinistas camino de la inhabilitación si no de la prisión, deberían abrir el foco de la mirada y hacer un 360 grados sobre todo el panorama que el choque deja, hasta los límites del horizonte: la sociedad catalana está gravemente fracturada, la convivencia bastante perjudicada, la economía muy dañada y la reputación de sus instituciones por los suelos, y todo ello repercute -para mal, no para bien- en el conjunto de España, cuya imagen conjunta en el exterior queda tan dañada que se diría que nos estamos creando a nosotros mismos una nueva ‘leyenda negra’.

Les víctimas del choque de trenes no son solo los de una parte del conflicto. Las víctimas somos todos, absolutamente todos nosotros.

El problema de la luz, como el de Cataluña pero en peor

Estas últimas semanas, se han recordado mucho las palabras de José Ortega y Gasset ante las Cortes Generales de la II República, el 13 de mayo de 1932: “Yo sostengo que el problema catalán (…) es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar”. Hay otro problema que, por lo que vemos, no hay ministro de Industria que pueda resolver ni oligopolio eléctrico que se deje: el del precio de la luz.

En enero pasado se disparó de repente el precio -dijeron que por una ola de frío, como si el frío fuera una rareza en enero- y se desató una cierta polémica entre la opinión pública a la que los medios de comunicación prestaron mucha atención. Ahora se acaba de disparar de nuevo el precio y apenas se han ocupado los medios ni de denunciarlo -lo más inteligente y cañero que he leído, este artículo de Sergio de Otto– ni de pedir explicaciones o soluciones al ministro del ramo, Álvaro Nadal, con el que se cumple una vez más aquel viejo axioma de que todo Ministro de Energía del Gobierno de España hace bueno al anterior, lo que en este caso tiene gran mérito, pues el anterior fue el inefable José Manuel Soria.

El problema catalán lo conllevamos como podemos, con errores y con aciertos y siempre con mucho debate público.

El gravísimo problema de la luz y del suicida modelo energético que tenemos lo conllevamos casi en silencio, sin apenas acción ni información ni debate, con corderil resignación.

A voto volátil en Cataluña, acertar en la convocatoria electoral

La enésima “semana decisiva” del conflicto catalán se abre hoy lunes con dos encuestas, una el El Periódico, otra en La Razón, que pueden parecer contradictorias, pero que en el fondo son complementarias. La primera dice que, en unas hipotéticas elecciones catalanas, las formaciones independentistas crecerían ligerísimamente en votos, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, y mantendrían holgadamente la mayoría en escaños en el Parlament. La segunda asegura que los independentistas perderían esta mayoría en escaños. Todo está en alero, no ha certezas.

El voto -dicen los expertos demoscópicos- está muy volátil en Cataluña estas semanas, varía a golpe de grandes noticias de impacto en la opinión pública, y de estas los catalanes han tenido muchas en los últimos tiempos: las caóticas sesiones del Parlament del 6 de septiembre y siguientes, la aprobación de las controvertidas Ley del Referéndum y Ley de Transitoriedad, la multitudinaria movilización independentista de la Diada el día 11, los registros y detenciones del 20, las movilizaciones ciudadanas de ese día y el siguiente, el 1-0 finalmente con urnas y con una participación bastante mas alta de lo que el Gobierno de Rajoy esperaba, la actuación policial de ese mismo día, la fuga de empresas y las malas nuevas sobre caída de la inversión o del turismo, la masiva movilización constitucionalista del domingo 8 de octubre, la comparecencia de Puigdemont en el Parlament el 10-0 y su extraña no declaración y al tiempo suspensión de la independencia, las cartas cruzadas entre el presidente del Gobierno y el president del Govern, la prisión de los líderes civiles independentistas Sànchez y Cuixart, la activación del artículo 155 de la Constitución por parte de Rajoy y con el apoyo de PSOE y Ciudadanos…

Muchos y contradictorios estímulos electorales, en fin, sobre los catalanes en menos de dos meses, y la mayoría de ellos sobre lo emocional, no sobre lo racional. En ese entorno acelerado de grandes noticias continuas, las encuestas se convierten en radiografías de solo un instante, pronto perecederas.

El conflicto acaba en elecciones catalanas: en pocas semanas, si antes del viernes las convoca Puigdemont, o en unos meses, si las convoca Rajoy, vía el 155. En el camino, seguirán recibiendo los ciudadanos catalanes tantos estímulos noticiosos que el resultado es a hoy imprevisible. Ganará probablemente el bloque que menos errores cometa y el que mejor calcule para cuándo le conviene convocar. En esto último, Puigdemont tiene la ventaja de decidir el primero, aunque solo por unos días. El viernes la pierde.

Cataluña, camino de ser solo sala de máquinas de la economía española

El número de empresas que trasladan su sede social y/o fiscal fuera de Cataluña sigue creciendo, los dos grandes bancos hasta ahora catalanes no logran frenar la fuga de depósitos, pequeñas y medianas compañías catalanas proveedoras de otras del resto de España ven cómo se les anulan pedidos hasta hace nada firmes y se les demoran o se les escapan definitivamente otros que creían seguros, el consumo se frena o incluso disminuye…

La sangría de la economía catalana va en aumento. Hoy está peor que ayer, pero mejor que mañana.

Coincidí el pasado lunes en Espejo público, en Antena 3, con el economista Antón Costas, gallego de origen, pero catalán de trayectoria profesional, desde sus años de formación con Fabián Estapé hasta su desempeño, ahora, como catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. En los pasillos, me comentó lo que veo que ha plasmado en el muy recomendable artículo ‘Política sin economía’, publicado anteayer miércoles en La Vanguardia: los dirigentes independentistas han vivido estos últimos cinco años, y no sólo en los asuntos económicos, como astronautas encerrados en una cápsula, y estos días están descubriendo que la cápsula se ha roto y que la ley de la gravedad también rige en Cataluña, “haciendo que se den, de pronto, de bruces con la realidad”.

Le pregunté a Costas si creía que si tras los traslados fuera de Cataluña de sedes sociales y fiscales podría haber también otros traslados de centros de producción, y me contestó que no, o al menos no ahora y de modo significativo, pero añadió algo que veo que también esta esbozado al final de su artículo.

-Cataluña ha sido durante los últimos 150 años sala de mando y sala de máquinas de la economía española, y con esta crisis corre serio riesgo de quedarse sólo en sala de máquinas.

Y mientras tanto, mientras la sangría económica va en aumento, instituciones y sociedad civil catalanas se suman de facto a la deriva. Desde los silencios y la poca atención y minimización del problema del vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, a la llamada de Ómnium Cultural y Crida per la Democràcia para retirar efectivo de los bancos.